El Gobierno porteño reforzó controles policiales en los ingresos a la Ciudad bajo el nombre "Operación Muro". La medida fue cuestionada por su impacto sobre trabajadores bonaerenses y por priorizar la puesta en escena sobre soluciones de fondo para la seguridad.
La gestión de Jorge Macri puso en marcha la denominada "Operación Muro", un esquema de controles policiales en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo declarado de reforzar la seguridad y prevenir el ingreso de delincuentes desde el conurbano. Los procedimientos incluyen retenes, identificación de vehículos y presencia reforzada de efectivos en puentes y autopistas que conectan la Capital con la provincia.
La iniciativa fue presentada por el jefe de Gobierno como una respuesta al reclamo de mayor seguridad de los porteños. Sin embargo, distintos sectores cuestionaron la medida al considerar que se trata de un operativo con fuerte impacto mediático pero escasa efectividad real frente a las problemáticas estructurales del delito. También señalaron que los controles generan demoras para miles de personas que cruzan diariamente los límites jurisdiccionales para trabajar o estudiar.
Las críticas apuntan además al mensaje político detrás de la iniciativa. Cerca de dos millones de bonaerenses ingresan cada día a la Ciudad por motivos laborales, educativos o comerciales, y desde distintos espacios se advirtió que la narrativa oficial corre el foco hacia quienes llegan desde la provincia, asociando de manera implícita inseguridad y procedencia geográfica. Para sus detractores, la medida bordea una estigmatización de los habitantes del conurbano y alimenta una división artificial entre porteños y bonaerenses.
La "Operación Muro" también fue interpretada como un intento de Jorge Macri por endurecer su perfil en materia de seguridad en medio de la competencia política con el gobierno nacional. Semanas atrás, Patricia Bullrich había cuestionado públicamente a la administración porteña por la situación de los subtes y la seguridad urbana. En ese contexto, el despliegue policial aparece para algunos analistas más vinculado a una disputa de liderazgo dentro del electorado de centroderecha que a una estrategia integral contra el delito.
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