En Tigre, Julio Zamora convocó a un encuentro plural con intendentes y legisladores para lanzar un paquete de medidas urgentes. El exintendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, reclamó respuestas concretas.
Este miércoles, en el Centro de Operaciones Tigre, un grupo diverso de intendentes bonaerenses, legisladores nacionales y provinciales y exjefes comunales se reunió con un único objetivo: revertir la escalada de inseguridad que azota a la Provincia de Buenos Aires. Entre los dirigentes más destacados estuvo Juan Zabaleta, exintendente de Hurlingham y actual referente del peronismo bonaerense, quien respaldó el paquete de propuestas que conforman el Gran Acuerdo por la Seguridad de los Bonaerenses.
El encuentro fue convocado por el intendente de Tigre, Julio Zamora, y contó con la participación de sus pares Guillermo Britos (Chivilcoy), Salvador Serenal (Lincoln), Franco Fleixas (Gral. Viamonte) y Nahuel Mittebach (Florentino Ameghino). También asistieron el diputado nacional Pablo Juliano, la diputada provincial Nazarena Mesías y figuras con peso territorial como el exintendente de Ramallo, Gustavo Perié, y el dirigente Gustavo Aguilera.
Dentro de un clima de diálogo transversal entre radicales, peronistas y vecinalistas prevaleció un diagnóstico compartido: los bonaerenses viven presos del miedo y la política no ofrece respuestas suficientes. Es por eso que este acuerdo apunta a cambiar radicalmente la política de seguridad, sin distinciones partidarias y con herramientas concretas.
Las cifras no fueron el foco, pero sí el sentido de urgencia: salir a la plaza, subir la persiana de un comercio, llevar a los chicos a la escuela o regresar a casa de noche se han vuelto actividades peligrosas. Y la gente se siente obligada a invertir de su bolsillo en rejas, cámaras y alarmas, mientras siente que el Estado le da la espalda.
Frente a este escenario, el Gran Acuerdo por la Seguridad por los Bonaerenses propone tres medidas inmediatas: la primera es un proyecto de ley para autorizar el endeudamiento provincial destinado exclusivamente a la compra de patrulleros, cámaras, armas, chalecos, luminaria e insumos tecnológicos. La segunda es una ley para fijar un piso obligatorio de inversión en seguridad durante los próximos diez años. Y la tercera es un proyecto inédito para reconocer las inversiones privadas en seguridad.
Este paquete inicial de medidas se presentó como “una invitación concreta al gobernador de la provincia, a quien se insta a tomar estas herramientas, disponibles y consensuadas, para dar vuelta la página y encarar una respuesta efectiva”. “El problema no se resuelve con discursos ni con internas partidarias. Necesitamos un plan integral y sostenible”, expresó una de las autoridades presentes al cierre del encuentro.
Aunque no se dieron a conocer definiciones electorales, algunos participantes dejaron entrever que el gobierno provincial debería destinar al menos un 15% de su presupuesto a combatir la inseguridad y aumentar la presencia policial en la calle. Y en este mismo sentido, los municipios que adhieran al acuerdo deberán garantizar un piso del 10% de su presupuesto para prevención y tecnología.
Por otra parte, fuentes cercanas al equipo de Zabaleta señalaron que la convocatoria busca un gran acuerdo político y ciudadano “para hacer de la seguridad una prioridad transversal e inmediata que deje atrás internas partidarias para actuar ya”. En ese sentido, el propio Zabaleta habló acerca de “la lógica entre el intendente y el vecino” en un contexto donde “las cosas están complicadas, y este gobierno las complica cada vez más”. “Si el gobernador se deja ayudar, acá tiene las herramientas para dar vuelta la página y empezar a resolver ya mismo el problema de la inseguridad”, se subrayó al cabo de la reunión.
Por otro lado, se mencionó que el Gran Acuerdo por la Seguridad permitirá a los vecinos bonaerenses descontar de sus impuestos municipales los gastos que realicen en cámaras, alarmas, rejas, garitas e iluminación barrial. A su vez, ese equipamiento pasaría a integrarse automáticamente a un sistema único de monitoreo con fines de prevención e investigación criminal.
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