El aumento discrecional de las tasas municipales suele ser el primer recurso al que recurren los municipios bonaerenses para incrementar su recaudación y sostener la calidad de vida de los vecinos. Sin embargo, cuando las tasas suben y la calidad de vida cotidiana disminuye, lo que muchos intendentes presentan como una solución termina convirtiéndose en parte del problema.
Un caso paradigmático ocurrió en diciembre del año pasado, cuando la municipalidad de San Fernando aprobó un aumento de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) un 25% por encima del índice de inflación. El intendente Juan Andreotti se ubicó así entre los jefes comunales que más presión fiscal ejercieron sobre sectores clave para la economía local, como el de los supermercados.
De acuerdo con informes de este sector, entre 2023 y 2024 el ABL diferencial para comercios de este rubro se incrementó alrededor de un 300%, llevando a que algunas tiendas debieran afrontar pagos de hasta 1.000 millones de pesos anuales, lo que representa aproximadamente un 6% de su facturación.
Pero lo más alarmante, señalan los comerciantes, es que ese aumento no se vio acompañado por una mejora proporcional en los servicios de ABL, lo cual pone en evidencia que solo se trata de una medida recaudatoria. Así, el efecto no es sólo una mayor carga fiscal para los comercios, sino también una amenaza concreta para la fuente laboral de muchos vecinos de San Fernando y sus alrededores.
A esta situación se suma otro dato preocupante: el Concejo Deliberante de San Fernando aprobó facultades extraordinarias para que el intendente Andreotti pueda aplicar aumentos adicionales de hasta un 30% de manera bimestral durante este año. Con esta herramienta en mano, la presión fiscal no sólo se sostiene, sino que promete agravarse en el corto plazo.
Cuando quienes administran el Estado se muestran incapaces de generar las condiciones para que la economía crezca, terminan asfixiando a los sectores que sostienen día a día la vida de sus comunidades.
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