El proyecto ya está redactado y listo para presentarse. Pero su futuro no depende del Congreso, sino de lo que pase en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
En un despacho de la Casa Rosada descansa un texto que, de ser enviado al Congreso, podría convertirse en uno de los cambios más polémicos de los últimos años: la baja en la edad de imputabilidad. Redactado por juristas afines al oficialismo y revisado por asesores presidenciales, el proyecto ya está cerrado y preparado para entrar en la agenda legislativa.
No es un capricho ni una ocurrencia. La iniciativa responde a una preocupación que atraviesa a buena parte de la sociedad: la creciente participación de menores en delitos graves. Homicidios, robos violentos y ataques con armas protagonizados por adolescentes se repiten a diario en el conurbano y en las principales ciudades del país. El diagnóstico es compartido incluso por especialistas en seguridad: el sistema actual deja sin respuesta penal a hechos que generan alarma social y alimentan la sensación de impunidad.
La propuesta no solo interpela a los votantes libertarios. También conecta con el histórico discurso del PRO en materia penal, hoy socio de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. De hecho, varios dirigentes amarillos impulsaron proyectos similares en el pasado, aunque sin éxito.
Pero, según reconocen en el propio Gobierno, la decisión de ponerla en marcha no será jurídica, sino política. Milei solo la enviaría al Congreso si el 7 de septiembre, en las elecciones bonaerenses, el ausentismo es alto. En ese escenario, la Casa Rosada usaría el anuncio como motor de la campaña rumbo a las legislativas de octubre, capitalizando un reclamo popular y marcando la agenda del debate público.
“Estamos dispuestos a llevar la baja hasta los 12 años”, aseguran fuentes del Gobierno en estricta reserva.
Si, en cambio, el oficialismo obtiene un resultado cómodo en septiembre, todo indica que el proyecto quedará archivado. El Presidente no quiere pagar el costo político que implicaría una batalla parlamentaria de alto voltaje cuando no es estrictamente necesaria.
La paradoja es evidente: para que la ley avance, quienes la reclaman con más fuerza tendrían que votar a la oposición, con un discurso garantista influido por el pensamiento de Raúl Zaffaroni, o directamente no votar.
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