El ajuste de Milei golpea a las universidades del conurbano, que siguen creciendo en estudiantes pero sin recursos. Kicillof pone fondos provinciales mientras intendentes K reducen aportes institucionales.
La matrícula en las universidades nacionales del conurbano bonaerense registra un sostenido crecimiento a pesar del ajuste presupuestario que el gobierno de Javier Milei viene aplicando sobre la educación superior pública. Mientras el Ejecutivo nacional mantiene congeladas las partidas para gastos de funcionamiento —lo que deja a varias casas de altos estudios sin poder afrontar servicios básicos como luz, gas y mantenimiento edilicio—, miles de estudiantes del Gran Buenos Aires continúan eligiendo la universidad pública como herramienta de movilidad social y formación profesional.
En este contexto de restricción presupuestaria, es el gobierno de la Provincia de Buenos Aires el que viene asumiendo responsabilidades que constitucionalmente corresponden a la Nación. La administración de Axel Kicillof firmó convenios de asistencia económica que incluyen desde el mantenimiento de infraestructura hasta programas de becas de conectividad, cubriendo gastos que Nación dejó de financiar. Un compromiso que contrasta con la actitud de varios intendentes del conurbano vinculados a La Cámpora, quienes han mostrado escaso interés en aportar recursos municipales para sostener las universidades de sus propios distritos, pese a contar con presupuestos que lo permitirían.
La paradoja es evidente: mientras el oficialismo provincial sostiene económicamente a las universidades y el gobierno nacional las asfixia, las organizaciones políticas que se presentan como defensoras de la educación pública centran su actividad en la disputa por espacios de poder interno en las instituciones académicas. La colonización de consejos directivos y secretarías aparece como prioridad por sobre el fortalecimiento material de las universidades. En definitiva, la situación refleja una triple tensión: el desfinanciamiento nacional, el sostenimiento provincial y la instrumentalización política de instituciones que requieren consensos más amplios para garantizar su continuidad.
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